La presidenta de Chile, Michel Bachelet, está preparando la realización de una de sus promesas de campaña: el cierre de la prisión de Punta Peuco.

Este centro carcelario surgió en 1995 y es exclusivo para violadores de derechos humanos, en su gran mayoría exmilitares activos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Desde hace años, los familiares de las víctimas de esa etapa exigían que los 130 reclusos fuesen ingresados en cárceles comunes, ya que veían esta cárcel exclusiva como una especie de beneficio.

En 2015, durante un evento público, fue cuando Bachelet se comprometió ante algunas víctimas de la dictadura a cerrar ese centro penitenciario y reubicar a los reos.

Aún no hay una fecha definida para el cierre de la prisión en cuestión. Al respecto, la portavoz del Gobierno chileno, Paula Narvaéz, se ha limitado a señalar que “por lo pronto se están haciendo todos los trabajos y evaluaciones que se requieren para que eso pueda concretarse”.


Fuentes cercanas al círculo cercano de Bachelet han dejado entrever que será en septiembre cuando se cumpla con esta promesa, mes simbólico para la izquierda chilena, puesto que se cumple un aniversario más del golpe de Estado de Pinochet y la muerte de Salvador Allende.

Los partidos de derecha se han manifestado en contra de esta disposición, al considerarla como un “venganza”, agregando que es inhumana, puesto que muchos de los reos son de avanzada edad o presentan problemas de salud.

El diputado derechista Gustavo Hasbún indicó al respecto que “se trata de una “decisión con una carga ideológica que lo único que hace es abrir las heridas del pasado y demostrar una tremenda inhumanidad”.

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