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Foto: Diario La Nación

Guatemala.- La pena de muerte en Guatemala se ha convertido en un vaivén entre su suspensión y restitución, por ello este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó un informe donde solicita fortalecer la justicia y abolir esta condena en el país centroamericano.

El pasado 28 de julio, varios diputados solicitaron la reactivación de la pena de muerte, después de que tres hombres confesaron haber asesinado a dos menores de edad en San Juan Sacatepéquez.

Amnistía Internacional, por su parte, instó el pasado mes de febrero al Congreso abolir de una vez por todas la pena de muerte para todos los delitos, misma que desde octubre del año pasado fue sometida a sesión plenaria del Parlamento, encontrándose pendiente la decisión del Congreso.

En contraste, un considerable número de guatemaltecos expresó ese mismo mes su aceptación a la pena de muerte, exigiendo su reactivación para que a través de esa ley se castigue a quienes cometan el delito de extorsión, secuestro o asesinato.

En julio de 2016, Amnistía presentó la iniciativa de ley 5100 para abolir el decreto, la cual fue aprobada en agosto por las comisiones de Derechos Humanos, Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia y Legislación y Puntos Constitucionales.

De acuerdo con la organización internacional, las ejecuciones no sucedían desde 2000, cuando se derogó el Decreto Ley 159, donde se establecía que sería el mandatario de Guatemala quien decidiría sobre las peticiones de indulto.

A partir de ese momento, se dice que la sociedad guatemalteca vivió en un ‘vacío’ que impedía que las personas condenas a muerte pudieran acceder a un proceso de indulto, lo que, por consecuencia, hacía ilegal cualquier ejecución. La última pena de muerte se intercambió por otra en 2012.

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